El pasado 20 de julio, la instalación del nuevo Congreso de la República dejó una de las estampas políticas más comentadas de los últimos años: la llegada masiva al Capitolio de un grupo de comunicadores, activistas y creadores de contenido digital que lograron traducir la opinión pública en redes sociales en curules en la Cámara y el Senado.
Bautizados colectivamente como “El Nichito” —reapropiándose del término utilizado en su momento de forma despectiva por Nestor Morales de Blu Radio—, este grupo de congresistas jóvenes no solo llega a hacer control político. Su presencia reconfigura la correlación de fuerzas en debates estructurales que han permanecido atascados en el dogma moral, entre ellos, la regulación del cannabis de uso adulto y la transformación de la política de drogas en Colombia.
Para entender el verdadero alcance de esta bancada, es necesario revisar sus posturas bajo un filtro de rigor periodístico: dividiendo a quienes ya han presentado propuestas y declaraciones directas sobre el cannabis de quienes integran el debate desde sus agendas territoriales y urbanas.
1. Las declaraciones directas: Regulación, salud pública y paz
Dentro de “El Nichito”, tres figuras han fijado posiciones explícitas frente al fenómeno de las drogas y la regulación de la planta en sus programas y apariciones en medios:
Walter Rodríguez (“Me dicen Wally”): La vía legislativa y la seguridad jurídica
Desde el Senado de la República, el abogado y comunicador Walter Rodríguez aborda el tema desde la técnica legislativa y la superación de la inercia política. En su programa de gobierno, Rodríguez plantea una hoja de ruta centrada en el control estatal y la salud:
“Nuestro objetivo es superar la falta de voluntad política frente a temas que han sido relegados o estigmatizados, como la regulación del cannabis, promoviendo un enfoque responsable que garantice procesos de producción, calidad y comercialización segura, acompañados de evaluaciones de salud pública e impacto social. La lucha por la regulación del uso adulto del cannabis debe ir de la mano con la desestigmatización, la reducción del daño y la seguridad jurídica, abriendo paso a un marco regulatorio moderno, transparente y justo.”
Laura Daniela Beltrán (“Lalis”): El fracaso de la prohibición y los DD.HH.
En la Cámara de Representantes por Bogotá, “Lalis” desarticula el relato prohibicionista enfocándose en el costo humano que pagan los eslabones más vulnerables de la cadena:
“La mayoría de los balances institucionales y de plataformas de DD. HH. evidencia que la guerra contra las drogas ha sido un fracaso […]. ¿Qué efectividad pueden tener las fumigaciones y la persecución a los campesinos que quedan atrapados en el primer círculo de producción o a los jóvenes que mueren en la adicción? Requerimos políticas públicas de carácter global que pongan en el centro la vida y que persigan a las estructuras criminales. Este es un tema muy complejo que se escapa de discusiones moralizantes.”
Hernán Muriel (Cofradía Para El Cambio): La perspectiva territorial y la paz
Desde la comunicación regional en Antioquia, Hernán Muriel conecta el debate del cannabis con la sustitución de cultivos y el Punto 4 del Acuerdo de Paz de La Habana. En entrevista con El Tiempo, señaló la urgencia de cambiar la estrategia en el campo:
“La solución no puede ser la receta que ha fracasado durante sesenta años: escalar una guerra cuya agresividad nunca golpea los cascos urbanos donde los políticos toman las decisiones, sino que desangra a las periferias del país. […] La paz no es solo un deseo, es una necesidad territorial que no admite más dilaciones.”
2. Las deducciones por perfil político: Agendas étnicas y urbanas
Por otro lado, existen congresistas dentro de este bloque de quienes no hemos encontrado declaraciones públicas explícitas mencionando la planta de cannabis, pero cuya agenda política y origen territorial permiten prever su posición en los debates de regulación:
Óscar David Benavides (Curul Afro): Justicia racial y reparación en el Pacífico
Como representante de la circunscripción especial afrocolombiana y originario de Tumaco (Nariño) —una de las zonas más golpeadas por la presencia de cultivos ilícitos y el conflicto armado—, la agenda de Benavides se centra en la justicia racial y las economías comunitarias.
Análisis de su posición: Si bien no ha emitido un pronunciamiento sobre el mercado del cannabis recreativo en ciudades, su plataforma política exige que cualquier transición económica o sustitución de cultivos priorice la reparación de los territorios étnicos del Pacífico, evitando que la legalización beneficie únicamente a grandes corporaciones privadas en detrimento de los pequeños productores locales.
Daniel Monroy (Cámara por Bogotá): Libertades ciudadanas y juventud
Abogado y activista vinculado a los sectores jóvenes del progresismo en la capital, Monroy ha enfocado su discurso en el control político a la fuerza pública, la anticorrupción y la defensa de los derechos de la juventud.
Análisis de su posición: Aunque no registra posturas monotemáticas sobre el cannabis, su línea ideológica se enmarca en la defensa del libre desarrollo de la personalidad y el rechazo al acoso policial contra jóvenes en parques y plazas de Bogotá, una bandera histórica del movimiento antiprohibicionista urbano.
3. ¿Cómo modifica este escenario el debate del cannabis en Colombia?
La presencia de esta bancada alternativa en las comisiones y plenarias del Congreso altera el mapa político en tres frentes clave:
- Pedagogía masiva en tiempo real: A diferencia de los legisladores tradicionales, estos congresistas cuentan con canales de comunicación propios con cientos de miles de seguidores. Tienen la capacidad de explicar proyectos de ley de regulación en lenguaje sencillo, desarmando pánicos morales y ejerciendo presión mediática sobre bancadas indecisas.
- Unión entre el campo y la ciudad: El bloque permite conectar las demandas de los consumidores urbanos en Bogotá o Medellín con las exigencias de paz y sustitución voluntaria de cultivos en las periferias de Nariño, el Cauca y otras zonas del país.
- El debate sobre el modelo de negocio: La discusión ya no se limitará a votar “SÍ” o “NO” a la legalización. Con este grupo, la pugna estará en el modelo económico: exigir licencias democráticas para campesinos y comunidades afro frente a los intentos de monopolización del mercado.
A pesar del entusiasmo que genera esta renovación, el camino legislativo no será sencillo. La regularización del cannabis en Colombia requiere reformas constitucionales que demandan ocho debates en dos periodos legislativos consecutivos, enfrentando el bloqueo sistemático de las bancadas conservadoras y de oposición.
Sin embargo, el diferencial de “El Nichito” radica en su origen. No le deben su curul a las maquinarias tradicionales ni a los clanes regionales; se la deben a la ciudadanía conectada y crítica.
Desde Identidad Cannábica seguiremos de cerca cada debate, cada votación y cada proposición de esta nueva bancada. La planta, el territorio y los derechos de los usuarios tienen hoy nuevos voceros en el Capitolio. La conversación apenas comienza.