El Acuerdo Distrital 983 de 2025, recientemente aprobado en Bogotá, establece una prohibición expresa del consumo de sustancias psicoactivas en parques y zonas verdes de la ciudad. Impulsado por el concejal Andrés Barrios y firmado por el alcalde Carlos Fernando Galán, este acuerdo tiene como objetivo declarado proteger la niñez, las familias y la convivencia ciudadana. Se fundamenta en el Decreto Distrital 825 de 2019, que regula el uso del espacio público.
Como parte de su implementación, el Acuerdo dispone la instalación de señalización clara y visible en los perímetros y zonas de los espacios públicos donde no está permitido el consumo de drogas. Esta señalización se desplegará de forma progresiva, comenzando por los entornos escolares, y pretende facilitar la identificación de las zonas restringidas tanto para ciudadanos como para autoridades.
Lo alarmante no es solo la medida en sí, sino el símbolo elegido para representar esta prohibición: la hoja de cannabis. Este detalle, aparentemente menor, tiene un profundo impacto simbólico y social, pues refuerza el estigma contra una comunidad entera que ha luchado durante décadas por el reconocimiento, la regulación y el respeto de sus derechos.
El derecho al uso del espacio público es colectivo y debe regirse por normas claras de convivencia, sí, pero también debe construirse desde el diálogo, la participación y el reconocimiento de la diversidad de quienes lo habitan. La prohibición tajante evita la conversación, silencia a los consumidores y desconoce la necesidad de enfoques más humanos y realistas, como los de reducción de daños y salud pública.
La elección de la hoja de cannabis como ícono de lo prohibido no es inocente. Es una forma directa de estigmatización que ignora la complejidad del fenómeno del consumo. ¿Por qué no aparecen símbolos de heroína, del “tusi”, del éxtasis o de la cocaína? Porque esos consumos, aunque más problemáticos y muchas veces invisibles, no tienen el mismo olor ni visibilidad que el cannabis. La visibilidad del humo y del olor se ha convertido en la excusa perfecta para satanizar a quienes consumen marihuana, sin diferenciar contextos, razones o formas de uso.
Una de las críticas más fuertes al Acuerdo 983 ha sido expresada por la concejala Quena Ribadeneira, quien lo considera inconstitucional e ilegal. Argumenta que se basa en una normativa nacional derogada (un Decreto Nacional de 2023) y que contradice la Sentencia C-127 de 2023 de la Corte Constitucional, que exige que cualquier regulación sobre el uso del espacio público sea razonada, proporcional y no discriminatoria. Esta sentencia representa un avance en la garantía de derechos de quienes consumen sustancias, y su desconocimiento por parte del Acuerdo 983 revela una desconexión con la realidad jurídica actual.
¿Quiénes son los principales impulsores y defensores de esta medida?
El concejal del Centro Democrático, Andrés Barrios Bernal, fue el principal impulsor del proyecto, argumentando que responde al clamor de padres de familia, instituciones educativas, iglesias y organizaciones sociales preocupadas por el aumento del consumo en zonas públicas. La iniciativa recibió el respaldo del senador Miguel Uribe Turbay, quien la calificó como un avance en la protección de los derechos de las familias y los niños.
Esta medida invisibiliza a pacientes medicinales, investigadores, madres cuidadoras y adultos responsables que han encontrado en la planta un aliado para su bienestar. Niega las luchas históricas de quienes han usado la hoja de cannabis como símbolo de libertad, de cultura y de paz. Convertirla en un aviso de prohibición es dar un paso atrás en la comprensión social del fenómeno del consumo.
El texto “Derechos en Contexto – Medellín” de Elementa DD.HH. (p. 134 – 135) lo explica claramente al exponer cómo la percepción vecinal del “marihuanero en el parque” se convierte en una amenaza simbólica, no por su comportamiento, sino por el estigma que su presencia genera. “…los riesgos asociados a las relaciones vecinales para las personas que consumen drogas. Aunque no constituyen el circulo principal de socialización de los consumidores, la legitimidad que tienen los vecinos adquiere importancia en función con otros actores externos, como la fuerza pública y los combos. ” “…consideran que la mera presencia del marihuanero en el parque es sinónimo de peligro, porque el humo les molesta, porque consideran que es un «mal ejemplo» para sus hijos.”
Imagen de RaÚl Arboleda. AFP
Contrario a lo que sucede en otras partes del mundo, donde se camina hacia la regulación, la educación y la inclusión, Bogotá parece retroceder, adoptando medidas que ignoran los avances en salud pública y derechos humanos. No se trata de permitir el consumo indiscriminado en cualquier lugar, sino de construir una convivencia realista, informada y compasiva, que no caiga en el fácil recurso de la prohibición ciega.
En lugar de levantar muros simbólicos con hojas tachadas, la ciudad debería abrir espacios de conversación, escucha y construcción conjunta, entendiendo que los parques y zonas verdes son espacios de todos: también de quienes consumen. Solo así podremos caminar hacia una Bogotá más justa, menos temerosa y más humana.