Cuando la Política se fuma el debate del Cannabis.
Colombia sigue siendo un país de contrastes: mientras el norte del continente comercia, regula y factura millones con el cannabis legal, nosotros seguimos debatiendo si fumar un porro nos convierte en criminales o en pecadores. En esta esquina del trópico, la planta que podría significar desarrollo y salud se mantiene atada a los barrotes de la moral, mientras el discurso político se llena la boca hablando de cambio.
El presidente Gustavo Petro prometió una “Colombia potencia mundial de la vida”. Pero la vida, en Colombia, sigue valiendo menos que la burocracia. La promesa verde se marchitó entre ministerios, licencias imposibles y discursos que se contradicen entre sí.
La economía del cannabis, esa que podría devolverle dignidad a los campesinos y ofrecer alternativas reales al narcotráfico, continúa bloqueada por un muro invisible: la falta de un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que mantiene el negocio en manos de unos pocos y condena al país al rol que le impusieron hace décadas, exportador de miseria e importador de hipocresía.
Mientras tanto, las grandes corporaciones estadounidenses y canadienses mueven miles de millones en sus bolsas de valores, vendiendo lo mismo que aquí sigue siendo delito. En Canadá, un frasco de aceite de cannabis se compra en una farmacia; en Colombia, el mismo frasco podría ser prueba judicial. Y cuando el Estado colombiano habla de soberanía, lo hace desde el guion de los tratados que no firma, desde el miedo a incomodar a su viejo aliado del norte.
El narcotráfico no ha sido nunca una guerra contra la droga, sino una guerra por el poder. La violencia se sostiene no por la planta, sino por el control de quién la puede sembrar, transportar o vender. Los campesinos son carne de cañón, los consumidores son chivos expiatorios, y los grandes beneficiados son los mismos de siempre: los que no aparecen en las fotos de los decomisos, pero sí en las páginas financieras del mundo. Petro, que en campaña habló de regular, despenalizar y liberar al consumidor, hoy guarda un silencio verde.
Un silencio que duele, porque es el silencio del miedo a gobernar diferente. Habla de transición energética mientras mantiene la persecución a los cultivos pequeños; defiende la vida mientras los jóvenes siguen cayendo por un cigarrillo mal visto; dice luchar contra el narcotráfico mientras mantiene a los campesinos bajo el yugo de las leyes que protegen a los narcos financieros. En los barrios, la realidad se disfraza de hipocresía: el joven que fuma en la esquina es señalado, pero el político que lava capitales en clubes exclusivos es aplaudido. En los campos, la planta sigue siendo símbolo de peligro y no de oportunidad.
Y así, Colombia perpetúa su papel colonial: prohibimos lo que el norte consume, perseguimos lo que el norte regula y matamos por lo que el norte vende en dispensarios de lujo. Sin TLC, el país no solo pierde oportunidades económicas; pierde también su derecho a la coherencia. Porque no se puede hablar de justicia social mientras se castiga a quien cultiva para sobrevivir; no se puede hablar de soberanía mientras el mercado global dicta lo que se puede o no sembrar.
Cuánto más seguiremos cultivando muerte mientras el mundo florece con lo que aquí aún se castiga?
Yesenia Grajales Castrillón
Integrante de Famihuana – Área de Comunicaciones