La prohibición del cannabis nunca se sostuvo sobre bases científicas sólidas, sino sobre decisiones políticas, morales y de control social. La diferencia está en el ángulo desde el cual se exponen los argumentos.
La reclasificación del cannabis en Estados Unidos —de Lista I a Lista III— no representa una victoria histórica ni una reforma estructural. Es, más bien, la admisión tardía de una mentira oficial: que el cannabis no tenía valor médico.
Realmente no es progreso, es la verdad pujando para salir a flote aunque ese “avance” no desmantela el andamiaje punitivo, solo lo reacomoda.
El gobierno Federal de Estados Unidos reconoce el error sin asumir responsabilidades. No hay disculpas, no hay reparación, no hay justicia histórica para los millones de personas criminalizadas.
De la prohibición al control farmacéutico
Los Angeles Times advierte en una reciente publicación, que mover el cannabis a Schedule III no lo libera, sino que lo incrusta en un sistema farmacéutico profundamente desigual, marcado por altos costos, desabastecimientos y barreras de acceso, especialmente para poblaciones marginadas.
En EE. UU., el riesgo es reemplazar la prohibición penal por la exclusión médica-corporativa. La salud seguirá judicializada, empujando a pacientes a la clandestinidad mientras el Estado simula neutralidad.
El cannabis deja de ser entonces un tema de salud pública y se convierte en un instrumento de control institucional.
Nunca fue sobre salud; siempre fue sobre castigo y mantenimiento del poder. Por eso en enfasis que ha puesto el mismo Donald Trump en que esta reclasificación no se convierte en legalización para uso adulto a nivel federal.
Millones de arrestos por posesión continúan ocurriendo cada año; las personas liberadas de prisión tienen hasta 130 veces más riesgo de morir por sobredosis al acceder a opioides u otras sustancias más fuertes; el sistema penal sigue siendo el eje central de la política de drogas.
La base científica ha sido frágil desde el inicio. Lo único sólido fue el aparato punitivo.
La paradoja del “avance”
Se celebra una reforma, pero la crisis continúa. Se reconoce el uso médico, pero se mantiene la criminalización fuera del marco autorizado.
Se ajusta la narrativa, pero no se desmonta el sistema.
En EE. UU., la guerra contra las drogas se corrige parcialmente mientras sigue produciendo exclusión y muertes.
La pregunta ya no es si se puede cambiar la política de drogas, sino cuánto tiempo más se insistirá en ignorar la evidencia, mientras el costo humano se acumula en hospitales, cárceles y periferias.
Corregir no es transformar
Corregir la prohibición sin desmontarla es prolongar el problema con otro lenguaje.
La reclasificación del cannabis puede ser un punto de inflexión, pero solo si se entiende como un mínimo técnico, no como una victoria moral ni política.
Sin justicia social, sin reparación histórica y sin un enfoque real de salud pública, estas reformas corren el riesgo de convertirse en otro capítulo de una política fallida, ahora con mejor marketing y nuevos intermediarios.
El discurso prohibicionista empieza a caer donde fue inventado. La pregunta es si el resto del mundo seguirá esperando permiso… o si se atreverá, por fin, a pensar políticas de drogas desde la dignidad, la evidencia y la vida.