Un Giro Histórico Hacia la Salud Pública, Derechos Humanos y Reducción de Daños.

Bogotá, D.C. – El Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) ha adoptado, mediante la Resolución Número 2100 de 2025, la “Política integral para la prevención, la reducción de riesgos y daños y la atención del consumo de sustancias psicoactivas, lícitas e ilícitas 2025-2033”. Esta nueva normativa marca un cambio fundamental en el abordaje del consumo de sustancias psicoactivas (SPA) en el país, priorizando el cuidado integral, la salud pública y los derechos humanos.
La política, liderada por el Ministro Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, busca establecer un marco estratégico sólido, derogando la anterior Resolución 089 de 2019.
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El Cambio de Enfoque: De la Prohibición a la Salud y los Derechos
La nueva Política reconoce que el consumo de SPA es un fenómeno complejo y multifacético que afecta la salud física y mental, el bienestar de las familias y el tejido social. Por ello, se abandona la visión reduccionista o de seguridad para avanzar hacia enfoques basados en la evidencia, los derechos humanos y la salud pública.
Detalles Clave de la Resolución:
1. Reducción de Riesgos y Daños (RRD): Se consolida como un enfoque y una estrategia central, definida como un enfoque pragmático y humanitario que busca minimizar los impactos negativos (sanitarios, sociales y legales) del consumo de SPA, incluidas las políticas de prohibición. Reconoce que muchas personas que usan drogas (PUD) no buscan o no pueden lograr la abstinencia a corto plazo, por lo que las acciones deben centrarse en proteger su salud y bienestar en lugar de castigar o estigmatizar. La RRD garantiza la participación significativa de las PUD en el diseño e implementación de programas.
2. Marco Operacional (El Sistema Nacional de Atención): La política se implementa a través del Sistema Nacional de Atención al Consumo de Sustancias Psicoactivas, una estructura diseñada para organizar y articular los servicios de salud bajo los principios de la Atención Primaria en Salud (APS). Este sistema busca ofrecer respuestas oportunas, continuas e integrales.
3. Inclusión Social y Lucha contra el Estigma: La política prioriza la eliminación de barreras discriminatorias y la transformación del estigma, autoestigma y la exclusión hacia las PUD. Esto se logrará a través de estrategias dirigidas al talento humano en salud y a la sociedad en general. La inclusión y protección social busca garantizar el acceso a derechos fundamentales como la salud, educación, empleo y vivienda.

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Cinco Ejes para la Intervención Integral
La Política se articula en cinco ejes estratégicos que buscan consolidar un modelo preventivo, predictivo y resolutivo:
| Eje Estratégico | Objetivo Principal |
| Eje 1: Promoción de la Salud y Prevención | Disminuir la vulnerabilidad social, promoviendo entornos protectores (hogar, educativo, laboral, comunitario, institucional y virtual) y aplicando prevención ambiental (regulación de venta, publicidad, impuestos). |
| Eje 2: Detección Temprana, Tratamiento y Recuperación | Garantizar una atención integral y de calidad, con transiciones fluidas entre niveles de complejidad, que incluyen estabilización y recuperación, la cual admite múltiples caminos (incluyendo abstinencia o uso controlado con RRD). |
| Eje 3: Reducción de Riesgos y Daños (RRD) | Aumentar la oferta de servicios con perspectiva de RRD de espectro completo. Esto incluye dispositivos de bajo umbral (DBU), servicios de análisis de sustancias, y la distribución de naloxona para sobredosis y metadona. |
| Eje 4: Inclusión y Protección Social | Consolidar la respuesta intersectorial (salud, educación, empleo, justicia, vivienda) para garantizar el goce efectivo de los derechos de las PUD y transformar el estigma. |
| Eje 5: Gestión de la Salud Pública | Garantizar la implementación efectiva y sostenida de la política a través de la acción territorial y el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica y la investigación (incluyendo NSP como el fentanilo). |
Mecanismos de Atención: Dispositivos de Bajo Umbral y Navegación
El Sistema Nacional de Atención prioriza la creación y el fortalecimiento de redes territoriales de dispositivos de bajo umbral (DBU), como los Centros de Atención Móvil para Drogodependientes (CAMAD) y los Equipos Básicos de Salud (EBS). Estos dispositivos están diseñados como puntos de entrada altamente efectivos al sistema de salud para personas con trastornos por uso de sustancias, reduciendo barreras de acceso.
Además, se exigirá la implementación de Estrategias de Navegación en Salud. Estas estrategias implican que gestores de salud brinden acompañamiento sostenido a las personas usuarias para superar obstáculos administrativos y logísticos, asegurando el acceso efectivo, oportuno y continuo a los servicios de salud y sociales.

Mandatos y Plazos de Implementación
Para asegurar la puesta en marcha de esta política (2025-2033), se han establecido plazos específicos para las entidades territoriales (ET) y las Entidades Promotoras de Salud (EPS):
• Adopción Territorial: Las ET (departamentales, distritales y municipales) deben adaptar y adoptar la Política mediante acto administrativo en un plazo máximo de seis (6) meses posteriores a su publicación.
• Integración a la Red de Salud Mental: Los servicios de atención al consumo deben integrarse a la Red Nacional de Salud Mental en un plazo de seis (6) meses.
• Estrategias de Navegación: Las EPS o quienes hagan sus veces deben implementar estrategias de navegación en un plazo máximo de seis (6) meses tras la emisión de los lineamientos del MSPS.
• Lucha contra el Estigma: Las ET deben implementar estrategias para la transformación del estigma, autoestigma, discriminación y exclusión hacia las PUD, con un primer reporte de avances en un plazo máximo de tres (3) meses.
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La nueva Política Integral y el Sistema Nacional de Atención son un compromiso del Estado con la salud pública y la justicia social, buscando dejar atrás el paradigma punitivo para ofrecer una atención digna, integral y continua, centrada en las necesidades de la persona y sus derechos fundamentales.
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Esta política se financiará con cargo a los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), así como con recursos de los planes territoriales de salud y otros fondos específicos.
