Giro Inesperado: Presidente Petro Aboga por Retomar la Aspersión Aérea con Glifosato, Generando Preocupación por Campesinos y el Medio Ambiente
Bogotá, Colombia – 10 de septiembre de 2025 – El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha generado una fuerte controversia al proponer la reconsideración de la aspersión aérea con glifosato para la erradicación de cultivos ilícitos, una medida que contrasta radicalmente con sus posturas anteriores y que ha encendido las alarmas entre organizaciones sociales, expertos y comunidades rurales del país.
El pasado lunes 8 de septiembre de 2025, el mandatario expresó en su cuenta de X que, “Dada la táctica mafiosa de oponer personal civil al ejército, la Corte Constitucional debe reconsiderar su sentencia. Allí donde la ciudadanía ataque al ejército habrá fumigación aérea”. Esta declaración marca un giro en la política antidrogas del Gobierno nacional, alejándose de su discurso inicial cuando asumió la Presidencia en 2022, donde había prometido que “no habrá una sola gota de glifosato” y calificaba su uso como “envenenar el agua, la tierra y los seres humanos”, una “política de la muerte”.
Presión Internacional y Cifras Récord Detrás del Cambio
Expertos en seguridad como Daniel Mejía señalan que este cambio de estrategia se explica principalmente por la presión inminente de Estados Unidos y la decisión que tomará en breve el Departamento de Estado sobre la certificación o descertificación del gobierno colombiano en la lucha contra las drogas.
Una eventual descertificación de Colombia por parte de Estados Unidos, cuya decisión se espera antes del 15 de septiembre, acarrearía graves consecuencias económicas, como la congelación de parte de la ayuda estadounidense, el bloqueo al acceso a créditos de organismos internacionales y el riesgo de beneficios arancelarios en el comercio bilateral.
La percepción en Washington es que la descertificación es “inminente”, dadas las cifras de cultivos ilícitos que, según Naciones Unidas, superan las 264.000 hectáreas, y los “pobres resultados en erradicación” durante el último año. Datos de 2023 ya indicaban 250.000 hectáreas, y las cifras de 2024 podrían ser aún mayores. Bajo la administración de Petro, la erradicación manual ha disminuido en un 93%, y la ejecución de programas de sustitución como el PNIS apenas alcanza entre el 15% y el 20%.
Ante este panorama, Daniel Mejía sugiere que, aunque históricamente la aspersión ha sido poco efectiva, las condiciones actuales con la concentración de cultivos en “enclaves cocaleros” industriales dominados por grupos criminales organizados (disidencias de las FARC, Clan del Golfo, ELN) podrían llevar a reevaluar su uso en zonas puntuales, priorizando la seguridad nacional sobre los daños ambientales o a la salud. Sin embargo, el uso de drones para estas grandes extensiones se considera “muy poco efectivo”, haciendo necesario el uso de avionetas si se retoma la aspersión.
El Alto Costo Social y Ambiental para Campesinos y Víctimas
El posible retorno a la fumigación aérea genera una profunda preocupación, especialmente por los impactos que históricamente ha tenido sobre las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, así como sobre el medio ambiente. Organizaciones de la sociedad civil y expertos, como WWF Colombia, insisten en que retomar la aspersión aérea con glifosato “es repetir una medida sin resultados, y retroceder en aspectos sociales y ambientales”.
Los efectos negativos documentados son múltiples y graves:
• Salud humana: La Agencia Internacional para el Estudio del Cáncer (IARC) de la OMS clasificó el glifosato como “probablemente carcinógeno en humanos” (categoría 2A). Además, se le ha asociado con la probabilidad de sufrir abortos y problemas dermatológicos. Comunidades afectadas han reportado brotes en la piel, diarreas y enfermedades respiratorias tras las fumigaciones. La Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia recomendó su prohibición global absoluta.
• Daños ambientales: El glifosato no es selectivo, lo que significa que puede afectar gravemente las fuentes hídricas, los bosques nativos y la biodiversidad en general. Se ha documentado su impacto en la supervivencia y desarrollo de diversas especies como cangrejos, tortugas, ranas, peces y salamandras. Además, puede impulsar la deforestación y dejar la tierra estéril, impidiendo la agricultura lícita. Las concentraciones utilizadas en cultivos ilícitos son mucho más altas que las requeridas por la agricultura legal, incrementando los riesgos de toxicidad aguda y crónica.
• Impactos sociales en comunidades vulnerables: La aspersión aérea es un procedimiento “muy costoso en términos sociales y ambientales”. Agudiza situaciones de vulnerabilidad y conflictos en los territorios, pudiendo llevar al desplazamiento de personas debido a los efectos químicos en su salud, las operaciones militares y la pobreza generada por la fumigación de sus cultivos de pancoger. Esto, a su vez, debilita la confianza de la población civil en las instituciones gubernamentales. Comunidades indígenas y afrodescendientes en regiones como Nariño y Chocó han denunciado la afectación de sus cultivos lícitos, reservas naturales y la salud de sus habitantes y animales.
La Valla Legal de la Corte Constitucional
La posibilidad de reanudar las aspersiones no es sencilla, ya que el uso del glifosato para aspersiones aéreas sigue prohibido en Colombia y está sujeto a una serie de condiciones legales. La Corte Constitucional, en su Sentencia T-236 de 2017, suspendió el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Aérea (PECIG) y estableció seis condiciones estrictas y concurrentes para que el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) pueda reanudarlo. Entre estas condiciones destacan:
1. Una regulación diseñada y reglamentada por un órgano distinto e independiente de las entidades que ejecutan los programas de erradicación.
2. Una evaluación continua del riesgo para la salud y el medio ambiente, en el marco de un proceso participativo y técnicamente fundado.
3. Una decisión fundada en evidencia objetiva y concluyente que demuestre la ausencia de daño para la salud y el medio ambiente, entendiendo que esto no implica certeza absoluta pero sí un alto grado de confianza. La Corte Constitucional ha sido enfática en la necesidad de la consulta previa a las comunidades étnicas antes de cualquier medida que las afecte directamente, incluso si no hay usos ancestrales de la hoja de coca, debido a los impactos en cultivos lícitos, salud, medio ambiente y sus modos de vida. Recientemente, la Sentencia T-413 de 2021 dejó sin efectos la autorización de la ANLA para modificar el plan de manejo ambiental del PECIG, precisamente por la vulneración de los derechos a la participación y la consulta previa de las comunidades afectadas.
Alternativas Sostenibles y el Llamado de Expertos
Frente a la cuestionable efectividad del glifosato (en 2015 se estimaba que se debían fumigar 30 hectáreas para erradicar una de coca), organizaciones y expertos insisten en la necesidad de invertir mayores esfuerzos en alternativas como el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) y la Reforma Rural Integral.
Estas iniciativas, que forman parte de los Acuerdos de Paz, buscan atacar las causas estructurales del cultivo de coca, ofreciendo opciones y garantías a las familias para transitar hacia una economía lícita, y tienen un mayor potencial de ser sostenibles a largo plazo. Los gobiernos, sin embargo, no han determinado la costo-efectividad de estas alternativas frente a la aspersión forzosa.
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El debate sobre el glifosato en Colombia no es puramente científico, sino que está profundamente entrelazado con factores políticos, económicos y morales. La decisión de retomar las aspersiones aéreas, sin cumplir con las rigurosas condiciones impuestas por la Corte Constitucional y sin considerar los enormes impactos sociales y ambientales, representaría un retroceso en la búsqueda de una reactivación económica “verde, justa y resiliente” que el país necesita, especialmente en el contexto actual.